La Justicia anuló la suspensión de Olivera y crece la tensión política en Angaco
El fallo cuestionó el procedimiento utilizado por el Concejo Deliberante. La disputa ahora seguirá en la Cámara, mientras el cuerpo reclama la devolución de los haberes cobrados.
La Justicia declaró nula la suspensión del concejal de Angaco Andrés Olivera, al considerar que el Concejo Deliberante no respetó su derecho de defensa. La decisión fue tomada por la jueza del fuero Contencioso Administrativo Adriana Tettamanti, quien entendió que el edil debía haber tenido la posibilidad de realizar su descargo y ofrecer pruebas antes de que se aplicara la sanción.
El conflicto, sin embargo, está lejos de terminar. El Concejo Deliberante apeló el fallo y sostiene que la suspensión fue válida y que el cuerpo tenía facultades para aplicar la medida. Además, pidió que Olivera devuelva alrededor de $1,5 millones que recibió mientras estuvo vigente una cautelar que ordenó el pago de sus haberes.
La causa comenzó en 2024, cuando el Concejo resolvió suspender a Olivera durante cuatro sesiones, aproximadamente un mes, sin goce de haberes. La medida fue aprobada el 17 de octubre de ese año y contemplaba únicamente el pago de la prestación alimentaria correspondiente a hijos menores y/o salario familiar.
Olivera recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que permitió que continuara percibiendo sus haberes. Ahora, en una resolución firmada el 31 de julio y notificada el 4 de agosto, Tettamanti hizo lugar al amparo presentado por el concejal y dejó sin efecto la decisión del cuerpo deliberativo.
En su resolución, la magistrada cuestionó el procedimiento utilizado para sancionar al edil. El principal argumento fue que no se le había garantizado una instancia previa para ser escuchado, presentar su descargo y ejercer plenamente su derecho de defensa.
El Concejo, por su parte, decidió recurrir el fallo ante la Cámara. En el marco de esa apelación, también solicitó que se restituyan las sumas abonadas a Olivera por orden judicial. Según lo planteado por el cuerpo, el monto ronda los $1.500.000 y debería ser devuelto en caso de que la Cámara revoque la decisión de Tettamanti.
La disputa judicial se da en medio de una fuerte interna política en Angaco. Olivera mantiene diferencias con el intendente José Castro y con otros integrantes del Concejo Deliberante, en un enfrentamiento que también derivó en otros expedientes judiciales.
Uno de ellos es una causa penal en la que fueron denunciados los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, además del jefe comunal. El expediente investiga presuntos hechos de abuso de autoridad y encubrimiento, mientras que en el caso de Castro también se analiza un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La investigación surgió a partir de un acuerdo entre el Concejo y el Ejecutivo municipal relacionado con una denuncia contra Castro por el presunto uso de maquinaria y personal de la Municipalidad de Angaco en un terreno privado de Chimbas. Cuando el tema fue tratado en febrero, Olivera votó en contra y Gloria Herrera se abstuvo.
A esa situación se sumó una denuncia presentada por Olivera contra el intendente, luego de que el concejal asegurara haber sido amenazado tras una audiencia judicial. La presentación fue realizada en la Comisaría 20 de Angaco y la investigación tuvo, según fuentes oficiales, un avance preliminar.
Ahora, el futuro de la suspensión quedó en manos de la Cámara. Mientras el Concejo busca revertir el fallo y recuperar el dinero abonado al edil, Olivera sostiene el respaldo de la resolución que consideró ilegal el procedimiento utilizado para apartarlo de sus funciones.
