Milei analiza nombrar a Lijo y Garcia Mansilla por decreto para tapar el caso Libra
El Presidente tiene plazo hasta el viernes para sortear al Congreso. Amerio Procurador.
Milei analiza designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema mediante un decreto, en un intento por cambiar el foco de la conversación pública, dominada actualmente por el caso "Criptogate". A su vez, el mandatario postularía al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como Procurador General de la Nación, reemplazando a Eduardo Casal.
La decisión debería tomarse antes del viernes, dado que el 1° de marzo se abre el nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso. Según la normativa vigente, el decreto solo sería válido mientras ambas cámaras estén en receso, lo que daría margen al oficialismo para maniobrar sin necesidad de la aprobación legislativa inmediata.
Una jugada para cambiar la agenda pública
El gobierno de Milei enfrenta un fuerte impacto mediático por el escándalo cripto, donde el caso "Libra" ha generado un revuelo significativo en redes sociales y medios de comunicación. En este contexto, la posibilidad de nombrar a los jueces por decreto serviría para redirigir la atención de la opinión pública.
Fuentes del Ejecutivo dejaron trascender que el presidente desea que Lijo y García Mansilla asistan este sábado a la Asamblea Legislativa como miembros designados de la Corte. Sin embargo, la validez de la maniobra es cuestionada por juristas y sectores de la oposición, ya que la Corte debe tomarles juramento, y sin el aval del Senado, esto podría no concretarse.
El antecedente más cercano de una jugada similar ocurrió en 2015, cuando Mauricio Macri intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. No obstante, ambos magistrados solo asumieron después de ser ratificados por el Senado.
Resistencia en el Congreso y la Justicia
Desde el peronismo, el senador José Mayans advirtió que rechazarán el pliego de Lijo si Milei avanza con su designación por decreto. Sin embargo, en ámbitos políticos admiten que la Casa Rosada ya habría solicitado a ciertos sectores de la oposición que "no obstaculicen" el proceso.
Paralelamente, en el Senado se evalúa convocar una sesión especial el 5 de marzo para tratar la designación de Lijo, lo que podría ofrecerle a Milei una salida negociada y evitar el uso del decreto, una medida que podría desatar una crisis institucional.
En cuanto a la Procuración General, el nombramiento de Amerio por decreto sería aún más polémico, ya que la ley establece un procedimiento específico para la designación del procurador, incluyendo la necesidad de una votación en el Senado con dos tercios de los votos. En este sentido, el juez Alejandro Slokar ya alertó sobre la inconstitucionalidad de la maniobra, señalando que representaría "el funeral de la democracia constitucional".
Una movida de alto riesgo
Si Milei avanza con los nombramientos por decreto, su gobierno enfrentaría una fuerte resistencia legal y política. Tanto la Corte como el Congreso podrían rechazar la estrategia, y en el ámbito judicial ya advierten que estas designaciones en comisión podrían ser declaradas inconstitucionales.
Mientras tanto, el oficialismo evalúa los próximos pasos con cautela, consciente de que esta jugada no solo busca fortalecer su influencia en el Poder Judicial, sino también desplazar el foco mediático del caso Libra, que sigue generando incertidumbre en el escenario político y financiero del país.
