Nuevo capítulo en Calingasta: denunciaron al intendente Sebastián Carbajal
La presentación judicial se da en medio de la investigación por un faltante millonario en las cuentas municipales.
La situación institucional en Calingasta sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, presentara una denuncia penal contra el intendente Sebastián Carbajal por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación fue realizada ante la UFI Delitos Especiales, que ahora deberá analizar la documentación y los elementos aportados para determinar si corresponde avanzar con medidas investigativas, formular una eventual imputación o desestimar la denuncia.
El conflicto se produce en medio de la investigación por un faltante de $107 millones detectado en la Tesorería de la Municipalidad de Calingasta y correspondiente, según la información conocida, a los ejercicios 2023 y 2024.
El propio Carbajal había denunciado previamente a la ex tesorera municipal Martha Campos, luego de que controles internos y una posterior auditoría detectaran presuntas irregularidades en las cuentas comunales. La investigación judicial sobre ese faltante continúa en curso y, hasta el momento, no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
En paralelo, desde el Concejo Deliberante cuestionaron al jefe comunal por la presunta falta de respuestas a distintos pedidos de informes vinculados con la administración municipal.
Según el planteo formulado por Zárate, desde el inicio de la actual gestión, en diciembre de 2023, el cuerpo deliberativo habría solicitado en diferentes oportunidades resoluciones administrativas, documentación y balances contables sin obtener las respuestas requeridas.
Ese supuesto incumplimiento es uno de los puntos que ahora deberá evaluar el Ministerio Público Fiscal para determinar si existió alguna conducta con relevancia penal por parte del intendente.
Mientras tanto, la causa por el faltante de fondos continúa enfocada en establecer qué ocurrió con los $107 millones y quiénes podrían tener responsabilidad en las irregularidades detectadas. Será la investigación judicial la que determine el alcance de las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y exfuncionarios mencionados en el expediente.
