Rechazaron la denuncia contra el fiscal que investiga al intendente Jose Castro
La presentación había sido impulsada desde la conducción del Concejo de Angaco.
Un nuevo capítulo judicial sacudió el escenario político de Angaco. La Justicia desestimó la denuncia presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Alberto de los Ríos, contra el fiscal de la UFI Delitos Especiales Francisco Nicolía y el concejal opositor Andrés Olivera.
La decisión representa un revés para De los Ríos en medio de un conflicto que tiene como trasfondo una investigación que alcanza no sólo a integrantes del cuerpo deliberativo, sino también al intendente de Angaco, José Castro.
De los Ríos había denunciado una supuesta comisión de los delitos de coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de cargo. Sin embargo, el fiscal Adolfo Díaz rechazó la presentación “in limine”, al concluir que los hechos relatados no tenían relevancia penal suficiente para abrir una investigación.
Una denuncia en medio de una investigación que incomoda al poder político
El planteo contra Nicolía surgió después de que el fiscal avanzara con una investigación contra De los Ríos, otros integrantes del Concejo Deliberante y el propio intendente José Castro.
Dentro de ese expediente se analiza, entre otros puntos, un convenio vinculado con una causa previa que involucra al jefe comunal.
En ese contexto, De los Ríos puso bajo sospecha la forma en la que Nicolía buscó obtener documentación del Concejo Deliberante. Para respaldar su presentación aportó mensajes y audios de WhatsApp intercambiados entre el fiscal y el concejal opositor Andrés Olivera.
Según la denuncia, Nicolía le pidió a Olivera que declarara como testigo y que aportara una copia certificada del acta de una sesión extraordinaria en la que se había aprobado un convenio con el intendente.
El presidente del Concejo entendió que esas comunicaciones podían constituir delitos. La Fiscalía, sin embargo, descartó esa interpretación.
La Justicia no encontró delito
Para Díaz, no existe una conducta ilícita en que un fiscal utilice WhatsApp para citar a una persona o solicitarle colaboración dentro de una investigación penal.
También rechazó que la advertencia sobre las posibles consecuencias legales de no entregar documentación pudiera interpretarse como una coacción.
Según la resolución, Nicolía se limitó a informar al concejal acerca de las consecuencias jurídicas que podían derivarse de no cumplir con un requerimiento realizado en el marco de una investigación.
La decisión también tuvo en cuenta que Olivera había solicitado formalmente al Concejo Deliberante una copia del acta requerida, mientras que Nicolía efectuó por su parte un pedido oficial al presidente del cuerpo legislativo.
De acuerdo con lo expuesto en la resolución, De los Ríos habría remitido inicialmente una copia que no contaba con la certificación solicitada y justificó esa situación por cuestiones administrativas.
Para Díaz, tampoco ese episodio permitía sostener la existencia de los delitos denunciados.
El fiscal fue todavía más contundente al analizar el planteo y señaló que la versión presentada por el denunciante resultaba “inverosímil o lo es de forma parcial”.
Con ese argumento, resolvió que no correspondía abrir una investigación penal y ordenó archivar las actuaciones.
De los Ríos apeló y busca revertir el archivo
El conflicto judicial todavía no terminó. El abogado Leonel García, representante del Concejo Deliberante, solicitó la revisión de la resolución que rechazó la denuncia.
Ahora un fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales deberá determinar si confirma el archivo dispuesto por Díaz o adopta una decisión diferente.
La revisión quedará en manos de Iván Grassi o Roberto Ginsberg.
Mientras tanto, el episodio deja abierto un escenario de fuerte tensión institucional en Angaco: por un lado, continúa una investigación que alcanza a autoridades del Concejo y al intendente José Castro; por el otro, la denuncia impulsada contra el fiscal a cargo y un concejal opositor fue descartada, al menos en esta primera instancia, por falta de relevancia penal.
